La lucha contra el fraude fiscal es una de las puntas de lanza del gobierno nacional en el ámbito de las empresas. Para ello, en los últimos años ha aprobado distintas leyes y normativas que han cambiado notablemente el panorama de la industria y el comercio en nuestro país.
Un ejemplo es el de la Ley Antifraude y otro el de la llamada Ley Crea y Crece. Ambas normativas, ya en vigor y a falta de la aprobación de los reglamentos que las regulen, harán que las empresas tengan que cumplir con una serie de cláusulas y condiciones muy novedosas en algunos casos.
¿Qué es la Ley Crea y Crece? ¿A qué obliga la norma Antifraude? Repasamos algunos de los puntos más importantes y significativos de estos dos textos de cara a lo que la totalidad de los empresarios españoles tendrá que hacer en el medio plazo.
La facturación digital: la clave del entorno económico
La facturación digital es el gran cambio que imponen ambas leyes. A partir de la aprobación de la normativa, todas las empresas del país, sean del tamaño que sean, tendrán que contar con un programa de facturación autorizado por el Estado.
¿Con qué objetivo? Elevar la transparencia y eliminar la posibilidad de llevar una contabilidad B. Para ello, los empresarios y los responsables de la facturación tendrán que realizar todas las facturas en este software que lo tendrá todo registrado y que ofrecerá un contacto directo y en tiempo real con la administración.
Las facturas, además, llevarán una serie de códigos de verificación que permitirán comprobar la ‘trazabilidad’ de las mismas. Así, se certifica que todo el proceso de trabajo es completamente transparente desde que se genera una deuda con la empresa hasta que esta abona los impuestos derivados al Estado.
No modificar facturas
Otra de las cláusulas a cumplir con las empresas es que estas no podrán modificar alegremente las facturas como se hacía hasta ahora.
A partir de la entrada en vigor de la normativa, incluso un error en una dirección o en el nombre del cliente tendrá que quedar registrado. La factura no se podrá sobrescribir, sino que habrá que emitir una factura rectificativa, siguiendo una serie de pautas de numeración que quedarán perfectamente establecidas.
Reducir la morosidad
Otro de los objetivos de la norma es el de reducir la morosidad. Así, gracias a esta auditoría constante, las empresas que no cumplan con los plazos fijados por la ley pasarán a ser señaladas como morosas.
Además, las grandes empresas tendrán que indicar el periodo medio de pago a sus proveedores anualmente y de forma pública.
No actuar correctamente en cuanto al pago a proveedores o a la Administración impedirá el acceso a ciertas subvenciones y ayudas, así que se prevé que las empresas sean muchísimo más diligentes a la hora de llevar sus cuentas actualizadas.
Estas son algunas de las cláusulas a cumplir por las empresas con las nuevas normas aprobadas por el gobierno nacional. Muchas ya han dado un paso adelante y están contando con empresas que instalan programas de facturación y gestión que cumplen con todos los requisitos legales de las dos leyes.
