Francia es nuevamente parte de un proceso revolucionario casi tan importante como el ocurrido en 1789. La burguesía de las discográficas empezó a armar una revolución para frenar a esos piratas que amenazan los derechos de autor o, mejor dicho, su sistema de adquisición de las riquezas. Para esto no tomaron las armas, como hace más de 200 años, sino que decidió desenfundar su arma más poderosa: la ley. Bajo este contexto lograron impulsar e imponer la famosa ley HADOPI, que, mediante la complicidad de los ISP, cortaría el servicio de Internet a aquellos usuarios que bajaran contenido con copyright de manera ilegal.
Los dueños de contenido con derechos de autor comenzaron a enviar a los ISP la lista de las IPs infractoras, para que estos identifiquen policialmente a los infractores. Esto es, identificar los nombres, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono de sus clientes. De no hacer esto, los ISP deberán pagar una multa de 1500 euros por cada IP que no haya sido identificada.